Paxton presentó ante la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas una demanda conocida como queja por juicio declaratorio, solicitando a ese tribunal que declare la constitucionalidad de la ley.

La demanda solicita específicamente a la Corte que dictamine que la ley no viola las enmiendas cuarta o décimocuarta de la Constitución de Estados Unidos y no se antepone a la ley federal.

La ley SB 4, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, permitirá a los agentes de policía preguntar sobre el estatus migratorio a toda persona que haya sido detenida por cualquier motivo, incluyendo cuestiones de tránsito.

El estatuto prohíbe que los gobiernos locales adopten políticas consideradas santuario para los inmigrantes indocumentados, al impedirles el negarse a acatar las leyes de inmigración.

Bajo la nueva ley, los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración, podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.

La legislación también castiga a los sheriffs, policías y jefes de policía por negarse a cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.

Le ley prevé sanciones de hasta 25 mil dólares por día a las jurisdicciones que violen sus disposiciones.

«La SB 4 es constitucional, legal y un paso vital para asegurar nuestras fronteras», dijo Paxton en un comunicado.

«La SB 4 garantiza la cooperación entre las autoridades federales, estatales y locales para proteger a los texanos. Desafortunadamente, algunos municipios y agencias policiales no están dispuestos a cooperar con el gobierno federal y afirman que la SB 4 es inconstitucional «, explicó.

«Texas posee una responsabilidad soberana independiente para proteger la salud, el bienestar y la seguridad de sus residentes», señaló Paxton. «Texas, consciente de este deber, promulgó la SB 4 para establecer una política estatal de cooperación con las autoridades federales de inmigración», indicó.

El Fondo para la Educación y Defensa Legal del México-Americano (Maldef) criticó la acción del procurador al calificarla como una muestra de la “alta ansiedad” de las autoridades estatales por la constitucionalidad de la ley.

«En lugar de esperar a que las personas y entidades agraviadas persigan sus muchos desafíos constitucionales a la SB 4, el estado manifiesta su propia aparente alta ansiedad por la legalidad de esta ley”, consideró Thomas Saenz, presidente y asesor general de Maldef, en un comunicado.

“Texas repite una jugada intentada por el gobernador de California Pete Wilson en la defensa de la famosa Proposición 187 hace más de 20 años. Por lo tanto, Maldef ha pasado por esto antes, hemos superado con éxito la demanda preventiva de Wilson , Y hará lo mismo aquí”, señaló.

«Nos vemos en la corte, gobernador Abbott», expresó Saenz.