Suman nueve denuncias de dependencias estatales contra administración de Yunes Linares; dos contra Winckler
Agencia RTV Noticias, 1 de septiembre de 2019
Xalapa, Ver.- Ante las diversas anomalías -heredadas de la administración anterior- que se han detectado en el gobierno estatal, se ha procedido a presentar las denuncias correspondientes con el objetivo de que los responsables sean sancionados penal o administrativamente, de acuerdo a la gravedad del daño.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha sido muy puntual con los integrantes de su gabinete para que, cualquier anomalía detectada, sea denuncia a fin de que no haya impunidad a favor de quienes dañaron la administración estatal y por lo consiguiente a los veracruzanos.
De tal forma que, hasta la fecha, se han presentado 3 denuncias por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, 4 de la Secretaría de Desarrollo Social y 2 por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
A continuación, se detallan las denuncias interpuestas:
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)
En el caso de la SEV se ha procedido a interponer tres denuncias, una en el mes de marzo ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la otorgación de 77 plazas magisteriales de manera arbitraria, que a su vez generaron daños económicos por más de 5 millones de pesos.
Posteriormente el Instituto de Espacios Educativos acudió también a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General de la República (FGR), en donde presentaron una denuncia por posible daño patrimonial por 670 millones de pesos.
La denuncia en ambos casos fue en contra de quien resulte responsable de la administración anterior.
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
Esta dependencia ha procedido a presentar 4 denuncias en total, una ante la Fiscalía General de la Republica y tres más ante la Fiscalía General del Estado.
El pasado 20 de febrero, Guillermo Fernández Sánchez, titular de la Sedesol en Veracruz, acudió ante la FGE para presentar una denuncia penal en contra de la extitular de la Unidad Administrativa de la dicha dependencia, María José Noriega Mañez, ya que después de realizar auditorías, se detectó que la funcionaria yunista había firmado contratos laborales de manera ilegal, el 1 de diciembre del 2018 lo cual fue de manera ilegal, ya que ella había presentado su renuncia el 28 de noviembre del mismo año.
Posteriormente el 2 de abril, Fernández Sánchez acompañado de los integrantes del área jurídica de la Sedesol presentó otra denuncia ante la misma FGE en contra de funcionarios de la administración anterior.
El motivo fue por posibles delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y daño patrimonial en contra de quienes resulten responsables.
Por último, el 16 de julio la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República, en contra de José Rodrigo Marín Franco, ex titular de la dependencia además de otros funcionarios y contra la empresa constructora denominada Estructuras Asfálticas Olivo, Sociedad Anónima de Capital Variable, debido a que reportaron un avance de obra en viviendas que, cuando fue constatado, se comprobó que dicho reporte no estaba apegado a la realidad.
Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
El 7 de mayo, los secretarios de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, debido a que durante dos años tuvo escondidas más de 150 órdenes de aprehensión las cuales no subió a la Plataforma México.
En esa ocasión los funcionarios estatales estuvieron acompañados por legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional y por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan José Gómez Cazarín.
El 30 de julio ambos funcionarios volvieron a acudir a la delegación de la FGR para interponer otra denuncia contra Winckler Ortiz, el motivo prácticamente fue el mismo: el fiscal veracruzano continúa ocultando o dilatando más de 100 órdenes de aprehensión que hay contra presuntos delincuentes, las cuales tampoco fueron notificadas en la Plataforma México.
