Sedesol encierra sus autos durante 63 horas, por las elecciones

Excélsior, 4 de julio de 2013

Como parte del Programa de Blindaje Electoral instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a partir de las 9 de la mañana de este viernes 5 de julio y hasta las 24 horas del domingo 7 de julio, permanecerá bajo resguardo el parque vehicular de uso oficial, con el fin de promover la equidad, imparcialidad y transparencia en las elecciones que se desarrollarán en 14 estados y un municipio de Sonora.

Las llaves de las unidades estarán en custodia de un responsable que entregará a las oficinas centrales un listado de los vehículos propios, arrendados, en reparación, siniestrados o utilizados en alguna comisión, que permanecerán encerrados para evitar unuso partidista.

De igual forma, los inmuebles de la Sedesol, sus órganos desconcentrados y entidades sectorizadas, como las tiendas de abasto rural Diconsa o los centros de distribución de leche Liconsa, estarán sujetas a verificación para constatar que no haya material o propaganda política en su interior, ni que las instalaciones sean utilizadas para hacer proselitismo.

• A partir de las 9 de la mañana del viernes 5 de julio y hasta las 24 horas del domingo 7, permanecerá bajo resguardo el parque vehicular de uso oficial
• Los inmuebles de Sedesol, sus órganos desconcentrados y entidades sectorizadas, como las tiendas Diconsa o Liconsa, estarán sujetas a verificación para constatar que no haya proselitismo

Lo anterior forma parte de la última acción que implementará la Secretaría de Desarrollo Social dentro del Programa de Blindaje Electoral, que también tiene que ver con los acuerdos firmados por los principales partidos políticos y el gobierno federal en el llamado “Adéndum al Pacto por México”.

Hay que recordar que desde el pasado 23 de mayo, la Secretaría de Desarrollo Social suspendió los trámites de altas y bajas a sus programas, se adelantaron los pagos de apoyos a los beneficiarios y se cancelaron las asambleas o reuniones públicas de sus operadores.

Asimismo, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR (Fepade) se capacitó a 4 mil 551 servidores públicos y beneficiarios de programas sociales sobre los delitos electorales en los que pueden incurrir, como la alteración del Registro Federal de Electores, la recolección de credenciales de elector o el desvío de recursos públicos, entre otros.

Los participantes en estos cursos y video-conferencias fueron informados de las sanciones a las que se pueden hacer acreedores, y que pueden ir de una pena de tres a nueve años de prisión, así como multas económicas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.