Propone senador Rementería reforma para erradicar “simulación de reintegración de recursos” en estados
Redacción MásNoticias, 12 de septiembre de 2018
Veracruz, Ver.- El senador panista Julen Rementería del Puerto presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de establecer como falta administrativa la simulación de reintegración de recursos a la Federación, práctica que usan los estados para solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el legislador panista, en las revisiones a las cuentas públicas de 2011 a 2015 por parte de la ASF se detectó una figura denominada “simulación de reintegro de recursos”, en ocho estados de la República.
La simulación de reintegro de recursos consiste en que, posterior a que la ASF hace diversas observaciones a los gobiernos estatales, referentes a los recursos que fueron utilizados sin justificación alguna para fines distintos a los establecidos por la ley, los gobiernos locales reintegran las cantidades observadas por la Auditoría, explicó el senador por Veracruz.
Sin embargo, una vez que la Auditoría determinó como solventada la observación, los gobiernos retiran nuevamente dichos recursos, destinándolos a un uso que en muchos casos se desconoce, expuso.
Por ello lamentó que no se cuente con una figura legal para poder sancionar estas prácticas.
“Algunos de los casos que han sido denunciados precisamente por la Auditoría Superior de la Federación han quedado sin materia, porque no se establece la simulación de los reintegros de los fondos federales desviados como una posible falta administrativa, mucho menos que pudiera ser grave”, denunció.
Rementería del Puerto expuso que en Veracruz, por ejemplo, 4 mil 700 millones de pesos fueron observados por la ASF mediante este mecanismo de simulación de reintegros de recursos.
En ese sentido, reiteró que su propuesta, que adicionaría el artículo 54 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe ser considerada como el inicio para mantener un verdadero Estado de Derecho y acabar ―como ha sido propuesta de Acción Nacional, en la que concurren otras fuerzas políticas― con la corrupción y la impunidad en este país.