Presunto daño patrimonial durante gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares asciende a los 3 mil 54 mdp

Piedad Pérez/Jair Aranda/Legislatura de Veracruz , 18 de febrero de 2020

• Aprobó LXV Legislatura nueva valoración de las Cuentas Públicas 2018

Xalapa, Ver.- La LXV Legislatura avaló el dictamen con proyecto de decreto por el cual se apruebaron los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

En este nuevo dictamen, el presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2018 del Gobierno de Veracruz en el último año del bienio que encabezó el panista Miguel Ángel Yunes Linares es por 3 mil 54 millones 423 mil 937.26 pesos; en la Cuenta Pública Municipal es por 300 millones 109 mil 508 pesos en 131 ayuntamientos y por 72 mil 500 pesos en 1 entidad paramunicipal.

El dictamen refiere que, derivado de las auditorías Financiera y Técnica a la Obra Pública, en su caso, en 9 dependencias, 30 organismos públicos descentralizados y 2 fideicomisos se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de un mil 194 millones 045 mil 414.76 pesos. Igualmente se determinaron inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, los cuales deberán ser atendidos por el Titular del Órgano Interno de Control o quien ejerza esas funciones.

Respecto a la auditoría en materia de Deuda Pública y Obligaciones al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 125 millones 490 mil 162.96 pesos.

Asimismo, en relación a la auditoría al proceso de refinanciamiento de la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado, que concluyó en el ejercicio 2018, se determinó un presunto daño patrimonial por un monto de 183 millones 471 mil 791.87 pesos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) registró un presunto daño patrimonial por un monto de 7 millones 192 mil 633.66 pesos, así como inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.

En el dictamen se establece que, derivado de las revisiones financiero y técnico a la obra pública, en 131 municipios se detectaron irregularidades de presunto daño patrimonial, en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un monto de 300 millones 109 mil 508 pesos, así como inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Huatusco registró un probable daño patrimonial por 72 mil 500 pesos. En tanto, los municipios de Chiconquiaco, Chontla, Medellín de Bravo y Veracruz se detectaron irregularidades en Materia de Deuda Pública y Obligaciones de presunto daño patrimonial por un monto de 4 mil 423 millones 865.65 pesos.

El dictamen con proyecto de Decreto sobre los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 fue aprobado con cuarenta y  tres votos a favor, cero en contra y seis  abstenciones.

El documento fue elaborado con la nueva valoración de los informes de resultados, y aprobado en sesión extraordinaria del Congreso del Estado Local y en el  que se instruye al Órgano de Fiscalización Superior otorgar la garantía de audiencia a los servidores o ex servidores públicos de 43 entes estatales, de 131Ayuntamientos y de 1 entidad paramunicipal, a fin de que presenten sus alegatos a fin de solventar el presunto daño patrimonial que tienen señalado, precisó  el Presidente de la Legislatura, Rubén Ríos Uribe.

Una vez integrado el informe de presuntas responsabilidades administrativas por la probable comisión de faltas graves, la audiencia  se aplicara  con  Dirección General de Asuntos Jurídicos del ORFIS.

Durante ese proceso, los entes  sometidos  a revisión volverán a intentar solventar un daño patrimonial por de 3 mil 354 millones 605 mil 945.26 pesos, que en más de un año no han podido hacer.

El dictamen también señala que una vez integrado el informe de presuntas responsabilidades administrativas por la probable comisión de faltas graves, se otorgue el derecho de audiencia, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ORFIS.

Durante ese proceso, los servidores públicos y ex servidores públicos podrán argumentar lo que a su derecho convenga  y llevar a cabo las diligencias correspondientes.