Por irregularidades de casi 8 mmdp en administraciones anteriores, se han interpuesto 46 denuncias: Contralora

Francisco Reyes Isidoro, 28 de octubre de 2020

Xalapa, Ver.- Del 2005 al 2018 se ha encontrado un rezago de casi 8 mil millones de pesos de observaciones que hizo la Secretaría de la Función Pública por irregularidades en diversas dependencias de administraciones estatales pasadas.

Por tal motivo se han interpuesto 46 denuncias que abarca a diferentes dependencias entre las que destacan la Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación, Espacios Educativos, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y Servicios de Salud.

Lo anterior fue confirmado por Mercedes Santoyo Domínguez, contralora General del Estado de Veracruz, durante la entrevista sostenida en el programa “A 8 Columnas” que se transmitió la noche de este miércoles por TV Más y las plataformas digitales de Radiotelevisión de Veracruz, en donde participaron Ramsés Yunes Zorrilla y Mario Lozano Carbonell que tuvieron como periodista invitada a Mitzi Cordero de Meganoticias.

La funcionaria se dijo afortunada de tener la confianza del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para poder realizar bien su trabajo, el cual ha sido muy inmenso por el rezago acumulado.

“Del 2005 al 2018 encontramos un rezago de casi 8 mil millones de pesos de observaciones que hizo la Secretaría de la Función Pública por irregularidades. Nadie quería arreglar el mugrero, pero era una responsabilidad como servidor público y con el equipo decidimos hacer la diferencia, revisando y ordenando todo para poder contestar a la SFP, ya sea con solventaciones aunque en algunos casos prácticamente ya no son posibles por los años y por los daños que han pasado, como algunas que vienen del 2005 a la fecha, son 15 años; ahora las responsabilidades administrativas tienen una periodicidad de 3 años”.

Resaltó que se han hecho 46 denuncias, mismas que se tienen que enviar en máximo 15 días.

“De las 46 denuncias hay de todas las dependencias porque se quiere sacar todo el rezago y dejar limpio. Los mayores daños están en la Sefiplan porque es el ente de la administración pública a donde llega el recurso, y éste no se dispersaba o se dispersaba mal porque se metía a la licuadora o a la bolsa”.

Santoyo Domínguez dijo que le corresponderá a cada quien asumir su responsabilidad ya que ese es uno de los principios y valores que debe haber en la Contraloría, “a los pasados que recibieron esas dependencias y no detectaron esas irregularidades se les sumará a su responsabilidad”, dijo.

Recalcó que cuando como funcionarios asumen la titularidad de una dependencia tienen 30 días para dar un informe y ver irregularidades, “pero con el paso del tiempo no quiere decir que se pueda encontrar algo y lo pongan en vista del Órgano de Control Interno de la Contraloría”.

La contralora mencionó que ante estas situaciones, la normatividad que aplica en los estados del país es muy clara,  “cualquier situación irregular que llegue por alguna queja o denuncia, en este caso la SFP y la ASF emite a los estados las observaciones que tienen pendientes de solventar, y en esas observaciones que nos están llegando continuamente tenemos que actuar porque ya es un deber legal”.

Reconoció que continuament están recibiendo las comparecencias de ex servidores públicos “que tienen que ir porque se les cita, como Contraloría somos el enlace con los entes federales de organimos que son autonómos y también de municipios, por lo que tenemos que concentrar la información, la revisamos y si ya no hay más la mandamos y allá dicen si solventan o no. Pero cuando nosotros encontramos que son daños patrimoniales y que no tienen información lo tenemos que remitir a las fiscalías”.

Finalmente dijo que el pasado 8 de abril se emitió un sistema de control interno para la administración publica estatal, que integra toda la responsabilidad de cada ente con el marco integrado de control interno, que tienen que aplicar todos los secretarios y subsecretarios como lo marcan la SFP y la ASF.

Dijo que por tal motivo se han capacitado a más de 1,500 servidores públicos estatales, ya que la capacitación estaba olvidada por lo que se quitaron los cursos y se pusieron talleres, “entre los que destacan gestión de riesgo de no cumplimiento de los objetivos institucionales, de corrupción y a los cambios significativos como la pandemia”.