Sánchez Pérez del Pozo es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios de Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Northwestern en Chicago, Estados Unidos de América.

En el servicio público se ha desempeñado como director General de Atención y Seguimiento de Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, como director General Adjunto en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y asesor en materia de medios de comunicación en la misma institución.

El nuevo fiscal cuenta con experiencia en el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia.

A lo largo de su trayectoria profesional, tiene con experiencia en materia de protección a personas dedicadas al ejercicio de la libertad de expresión como coordinador de la implementación de medidas cautelares y provisionales de Organismos Internacionales en materia de Derechos Humanos.

En materia de procuración de justicia, ha sido responsable de la investigación y persecución de delitos relacionados con graves violaciones a derechos humanos, por lo que conoce a profundidad la situación actual de los riesgos relacionados con el ejercicio de la libertad de prensa en nuestro país.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que a partir de este nombramiento, se reorganizará el equipo de trabajo de la Fiscalía.

Destacó que la Subprocuraduría de Derechos Humanos ya inició un proceso de evaluación interna para fortalecer las capacidades de investigación y procesamiento de casos penales.

Además, indicó, revisará cada uno de los casos que actualmente se investigan, mantendrá un contacto permanente con todas las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, propiciando un diálogo permanente y transparente con la sociedad y reforzará la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

En ese sentido, el procurador Raúl Cervantes Andrade instruyó a la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y al Fiscal, realizar todas las acciones necesarias para garantizar que se evite la impunidad en hechos relacionados con ataques y agresiones a los comunicadores en México.