PAN exige proceso imparcial para el caso Alejandra Sota

Excélsior, 26 de noviembre de 2013

El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, demandó una investigación imparcial a la ex vocera presidencial, Alejandra Sota Mirafuentes, señalada por presunto peculado y tráfico de influencias cuando era funcionaria pública.

“A la autoridad lo que le pedimos es que actúe conforme estricto apego a derecho, y en ese sentido que busque una imparcialidad y un cumplimiento puntual de las disposiciones legales”, indicó el dirigente nacional panista.

Madero Muñoz comentó que tiene “conocimiento periodístico” de las acusaciones en contra de la ex directora de Comunicación Social de Los Pinos y comentó que sería positivo que se aclarara esta situación.

“Ante este conocimiento periodístico, el PAN siempre mantendrá la posición de buscar que se esclarezca y se aclare cualquier señalamiento, pero nunca prejuzgar. No podemos prejuzgar hasta que no haya una investigación y sobre todo una conclusión por la autoridad.

Excélsior publicó ayer que Sota Mirafuentes es investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por presuntamente haber favorecido a amigos y ex compañeros del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en el otorgamiento de contratos desde la casa presidencial.

A las empresas Defoe Experts on Social Reporting y Milenio Consultores, vinculadas con los amigos de Sota Mirafuentes, se les habrían entregado, de acuerdo con las primeras informaciones, 45 millones de pesos durante tres años, desde mediados de 2009 hasta noviembre de 2012.

Dichas empresas ofrecen entre sus servicios estudios de mercado y de opinión pública.

Al respecto, el dirigente panista, Gustavo Madero, señaló que la rendición de cuentas de los ciudadanos que tienen acceso a fondos públicos es un tema sensible en el que se debe trabajar y por ello valoró la reciente reforma constitucional aprobada en el Senado sobre transparencia gubernamental.

“Cualquier particular que incluso llegue a manejar recursos públicos, éste es uno de los grandes rezagos que tenemos en México, la transparencia y rendición de cuentas debe ser una cultura más frecuente, más ordinaria, más extendida en todos los órdenes de la actividad política”, señaló.

En este sentido, valoró el acuerdo alcanzado en el Congreso de la Unión para otorgar carácter constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), lo que va a permitir que partidos y sindicatos rindan cuentas del ejercicio de sus recursos económicos ante la sociedad.

“Es fundamental, es un gran avance, el Partido Acción Nacional siempre ha estado a favor de que seamos sujetos de la fiscalización, no sólo por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), sino también por el IFAI.

“Estamos completamente con la transparencia, con la rendición de cuentas, y que se pueda transparentar el uso de los recursos no sólo de los partidos sino también de otras entidades que manejen o administren recursos públicos, como es el caso de los sindicatos”, argumentó.

La investigación

La SFP confirmó que inició una investigación contra la ex directora de Comunicación Social y ex coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental de la Presidencia y comenzó a levantar pruebas para determinar si hubo actitud deliberada de la ex funcionaria para entregar contratos a sus amigos y ex compañeros del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

De acuerdo con información que posee la SFP y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la ex vocera presuntamente encabezó un grupo de amigos y colegas universitarios que se habrían coludido durante el pasado sexenio en beneficio de una sociedad llamada Defoe Experts on Social Reporting y de la empresa Milenio Consultores.

Ambas firmas eran propiedad de José Alonso Arango Pérez y Yamil Nares Feria, quienes fueron compañeros de estudios de Sota Mirafuentes en el ITAM, e incluso Nares Feria ostentó el cargo de subdirector de Opinión Pública en la Presidencia de la República.

A las dos empresas se les habrían entregado, de acuerdo con las primeras informaciones, 45 millones de pesos durante tres años, desde mediados de 2009 hasta noviembre de 2012.