ONGs demandan que alcaldesa de Monterrey evite ‘entrega’ a Jesucristo

Excélsior, 11 de junio de 2013

Las organizaciones Zihuame Mochilla y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos se pronunciaron “por un auténtico Estado laico” tras las declaraciones de Margarita Arellanes

Organizaciones no gubernamentales pidieron al Congreso de Nuevo León demandar a la alcaldesa regiomontana Margarita Arellanes Cervantes respete la Constitución y evite actos como la “entrega” de la ciudad a Jesucristo, el sábado anterior durante un evento religioso.

En un escrito, las organizaciones civiles Zihuame Mochilla y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) se pronunciaron “por un auténtico Estado laico”.

“La acción de la alcaldesa es una afrenta al principio histórico de separación de las Iglesias y el Estado, y es una violación directa a la Constitución”, manifestaron.

“La acción de la alcaldesa consistió en acudir a un acto a entregar la ciudad a Jesucristo, lo que es un hecho profundamente antidemocrático y antirrepublicano, que olvida que la ciudad es de todas y todos, de aquellas personas que comparten su fe, de aquellas que tienen otras creencias y de aquellas que son ateas”, aseveraron.

Para los demandantes, en el acto denominado “Monterrey Ora” en la Plaza Zaragoza de esta capital y convocado por la Alianza de Pastores de Monterrey, Arellanes Cervantes “confundió su feligresía personal y su investidura como presidenta municipal de la ciudad”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proclama en su artículo 40 la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, mientras que el 130 constitucional garantiza la separación entre las iglesias y el Estado, recordaron Zihuame Mochilla y Cadhac.

“Rechazamos firmemente esta injerencia de las creencias religiosas en la vida política de la comunidad y solicitamos al H. Congreso del Estado de Nuevo León a que, en aplicación de la Constitución federal y de la Constitución de nuestra entidad, demande a la alcaldesa se ciña al ordenamiento constitucional”, puntualizaron.