Xalapa, Veracruz, México, a jueves 14 de noviembre de 2024

Lamenta Gobernador Cuitláhuac García que la SCJN no discutiera a fondo la Reforma Electoral

Lamenta Gobernador Cuitláhuac García que la SCJN no discutiera a fondo la Reforma Electoral

Agencia de Noticias RTV, 24 de noviembre de 2020

Xalapa, Ver.- El Gobierno del Estado lamenta pero respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral impulsada por la presenta administración para generar un ahorro en el gasto para partidos políticos, en beneficio de habitantes de las regiones indígenas más atrasadas del estado.

En conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, explicó que, sin Reforma Electoral, la proyección presupuestal del gasto para las elecciones, partidos políticos y OPLE, tan solo en 2021, es superior mil 182 millones 65 mil pesos; con la reforma electoral el ahorro estaba previsto para ser mayor a los 474 millones 251 mil pesos, porque se reducía hasta 707 millones 813 mil pesos.

Refrendó que el gasto electoral es excesivo sobre todo a partidos políticos y en materia de organización de elecciones, y que esta reforma disminuía entre 20 y 30 por ciento el gasto electoral que eroga el poder ejecutivo para financiar las actividades de las instituciones encargadas de organizar y calificar los procesos electorales.

«La población está harta de que el dinero se vaya a las cúpulas partidistas. Hubo un juego político por parte de quienes apelaron a esta reforma electoral, que fueron los partidos de oposición que se vieron afectados en sus bolsillos, buscaron la manera de quitar este ahorro», acusó.

Con esta proyección del gasto, se contemplaba un ahorro en los próximos cuatro años (de 2021 a 2024, año en que concluye la administración de Cuitláhuac García Jiménez) de mil 247 millones 854 mil 88 pesos.

Precisó que el artículo 5 de la Constitución local fue reformado para incluir las diferentes expresiones lingüísticas en la observación de la composición pluricultural y diversidad étnica, así como el reconocimiento de que “los pueblos indígenas tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado.”

Insistió en que, hasta antes de la reforma, no existían los procedimientos de consultas indígenas; y la intención era que el OPLE tuviera los mecanismos para poder realizarlas.