INE cumple con la constitución y organiza ejercicio de revocación de mandato en tiempo y forma

Agencia de Noticias RTV (INE), 25 de febrero de 2022

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) avanza en la organización del proceso de revocación de mandato por pérdida de confianza (tal como lo establece la Constitución) del Presidente de la República en tiempo y forma, de acuerdo con los recursos con que cuenta para este fin, debido a que la Cámara de Diputados no otorgó los recursos suficientes para organizar ese inédito ejercicio de democracia directa con las condiciones que dicta la ley.

No obstante, el Instituto ha implementado una serie de medidas de ahorro y ajustado su presupuesto y proyectos para obtener 1,692.5 millones de pesos, con los que organiza este proceso.

Con base en esta disponibilidad presupuestal se prevé la instalación de un poco más de 57 mil casillas en todo el territorio nacional, con lo que el Instituto garantiza que cada ciudadana o ciudadano inscrito en la Lista Nominal tendrá una papeleta esperándolo en la casilla correspondiente cerca de su domicilio donde podrá ejercer su derecho a participar.

Además, a diferencia de la Consulta Popular de 2021, en esta ocasión se instalarán casillas especiales para que la ciudadanía en tránsito pueda ejercer su derecho a participar. 

Ejercicio distinto a la Consulta Popular de 2021

Las actividades relativas a la organización y capacitación no son comparables con las que realizó el INE para la Consulta Popular, ya que para la revocación de mandato se inicia un proceso desde cero. En cambio, para la organización de la Consulta del 1º agosto de año pasado el INE contó con la inercia de muchas de las actividades que llevó a cabo para organizar la elección federal del 6 de junio de 2021. 

En ese entonces, por ejemplo, fueron convocados los mismos funcionarios y funcionarias de casilla que habían recibido y contado los votos de sus vecinos en dichos comicios.

En cambio, hoy, para la revocación de mandato se realiza una nueva insaculación o sorteo de ciudadanas y ciudadanos a quienes el INE visita en sus casas y capacita; además, debe efectuar las gestiones y levantamiento de recursos necesarios para la instalación de casillas y adquirir de nueva cuenta materiales como la tinta indeleble o insumos sanitarios, de limpieza y desinfección para las casillas, a que da lugar la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19.

En el caso de la Consulta Popular celebrada en agosto 2021 se contaba también con tinta indeleble utilizada en las casillas durante la elección previa; ya se tenían  los lugares para la ubicación de las casillas y no se necesitó la realización de adecuaciones o gestiones mayores.

Adicionalmente, para la revocación de mandato el INE debe instalar 32 consejos locales y 300 consejos distritales conforme lo establece la ley, a diferencia de lo que ocurrió con la Consulta Popular.

Ciudadanía da muestra de compromiso democrático

Con corte de esta mañana, el INE cuenta con 368,974 ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los requisitos y que han aceptado participar en recibir y contar los votos de sus vecinos, lo que equivales al 128.63% de las personas necesarias para integrar las mesas directivas de casilla.

Esta participación de las y los mexicanos es muestra del compromiso democrático de la sociedad, el cual debe ser correspondido por todos los actores políticos a quienes el Instituto invita a estar a la altura de las y los ciudadanos y respetar la Constitución y la ley.

El INE refrenda su llamado a las y los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno (Federal, local y municipal) de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a respetar la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato que en su artículo 33 establece:

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. 

Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.