Xalapa, Veracruz, México, a sábado 02 de noviembre de 2024

Guerra contra las drogas no ha resuelto el problema, señala Olga Sánchez

Guerra contra las drogas no ha resuelto el problema, señala Olga Sánchez

Notimex, 8 de noviembre de 2018

México, 8 Nov (Notimex).- Tras señalar que la política de guerra contra las drogas sólo ha dejado 240 mil muertos y no ha resuelto el problema, la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, presentó la iniciativa para regular el uso de la mariguana, como un elemento de pacificación.

Desde la tribuna del Senado, al presentar la iniciativa, aclaró que “no estamos a favor de la liberación absoluta de todas las drogas, estamos a favor de las libertades y los derechos, mediante el ordenamiento jurídico y el control”.

La legisladora de Morena, propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación, aclaró que “estamos a favor de la regulación de la cannabis, de su uso medicinal, de la autodeterminación y de liberar a aquellos que se encuentran en las garras de la amenaza por parte del crimen organizado y de la pobreza”.

La aplicación de políticas de guerra en materia de drogas, advirtió, ha matado a más de 240 mil mexicanos en los últimos dos sexenios, por lo cual llegó la hora, en esta cuarta transformación del país, de enfrentar el tema de otra manera.

En ese sentido, insistió en que Morena está a favor de vivir en un México en paz y que el país le demuestre al mundo que está avanzando, que nuestra nación no es botín de nadie, que es de los mexicanos y estamos listos para estar a la altura de las discusiones a nivel internacional.

Sin embargo, aclaró que esto sólo se puede lograr, si nuestras acciones las realizamos con equidad, igualdad, inclusión, y, por supuesto, apoyándonos con la participación ciudadana.

Y es que, insistió, las políticas sobre drogas siempre han sido polémicas, pero hemos comprobado que el combate frontal a través de las armas solamente ha producido muertos en el país.

Reconoció que así como es notorio que la adicción a las drogas daña proyectos de vida, destruye familias y generaciones enteras de jóvenes, también es preocupante la relación entre las políticas públicas para enfrentar el problema con los grados de inseguridad e ingobernabilidad.

Por ello hoy, y luego de 20 años de acciones incipientes con investigaciones que proponen el control y regulación de la cannabis, se presenta esta iniciativa que recoge las demandas de la sociedad civil y distintos colectivos, que presenta una perspectiva incluyente e innovadora.

En los trabajos de esta iniciativa hemos sumado el esfuerzo multidisciplinario de materias como la seguridad, salud, social, económica y, por supuesto, tomando en cuenta el entorno internacional.

Se trata de “acabar de una vez por todas con la guerra que sigue matando mexicanos y nos mantiene en estado de guerra”, aclaró la legisladora, al advertir que “no queremos más muertos”, sean éstos policías, militares o narcotraficantes.

Tampoco queremos más víctimas colaterales, familias enlutadas, “ni sangre que ensucia nuestra patria, cuando lo podemos prever”.

Invitó a sus compañeros a leer la iniciativa a fondo y afirmó que ha sido elaborada con cuidado, trabajo y atención, para no sólo quedarse en el ámbito económico, sino para luchar contra las adicciones, fortalecer la integración familiar y social y respetar las libertades ciudadanas.

Estamos convencidos que el abuso de sustancias que alteran el organismo son una debilidad social. Sin embargo, estamos conscientes del respeto a las libertades de los individuos y que el Estado tiene la obligación de garantizar un marco jurídico que se ajuste al contexto que se vive.

Más tarde, durante la propia sesión, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, saludó la iniciativa que coloca el tema en la discusión.

Debe analizarse a profundidad, con apertura pero sin premura. “Estamos convencidos de que al legalizar mariguana, lo primero a reconocer es que a nivel global las políticas de drogas asociadas al prohibicinismo no han dado resultado».

No obstante, advirtió que también se deben incorporar las dimensiones de salud pública, derechos humanos y prevención, sin criminalizar el consumo.