Fiscales del sureste del país coinciden en Xalapa

Leticia Silva, 28 de febrero de 2020

Xalapa, Ver.- El Registro Nacional de Extinción de Dominio, Registro Nacional de Detenciones, Feminicidio y el compromiso de hacer que las instituciones respondan a los retos que enfrentamos como sociedad, partiendo de la erradicación de vicios estructurales en materia de procuración de justicia, que solo abonan a la corrupción e impunidad, son coyuntura en la primera sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia zona sureste.

Luego de dar la bienvenida a sus homólogos del estado de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Yucatán, Verónica Hernández Giadáns, encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), aseguró que en la procuración de justicia “no caben complicidades ni simulaciones”.

“Aislados solo construimos marginalidad, en cambio unidos nos hacemos fuertes y contenemos los fenómenos delictivos que trascienden las esferas estatales; debemos trabajar por la erradicación de vicios estructurales en materia de procuración de justicia que solo abonan a la impunidad”.

Destacó valores como la transparencia, imparcialidad, honor, y vocación de servicio como los ejes rectores que guían la alta responsabilidad que tienen los servidores públicos.

Por su parte, en representación del gobernador del estado, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ponderó que en Veracruz se ha defendido la soberanía nacional, se han alcanzado acuerdos y se ha respetado la ley, por ello reconoció el trabajo realizado en los últimos seis meses en procuración de justicia.

“Desde septiembre de 2019, cuando llegó al cargo de fiscal encargada Verónica Hernández, prácticamente acabó con un rezago en 30 mil carpetas de investigación que carecían de registro”.

En este marco, destacaron que los procuradores y fiscales están llamados a impulsar la ética y responsabilidad como valores institucionales, así como el respeto a los derechos humanos como columna vertebral en el desempeño de sus funciones; con la responsabilidad de hacer de la ley un instrumento de bienestar social y con el mejor ánimo de colaboración.