Exige Ríos Uribe investigar adquisición de torres de vigilancia en Córdoba

Agencia de Noticias RTV, 27 de febrero de 2020

Xalapa, Ver.- El diputado Rubén Ríos Uribe presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que realicen una investigación respecto a la adquisición de las torres de seguridad violentadas en días pasados, en el municipio de Córdoba, toda vez que no cumplían con las condiciones de blindaje necesarias.

Asimismo, solicitó que, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), se deslinden o finquen las responsabilidades a que haya lugar a los funcionarios responsables, para que los actos no queden impunes.

En su exposición de motivos, el legislador del distrito XIX de Córdoba señaló que “la muerte de cuatro elementos de seguridad pública enfrentando a la delincuencia en el municipio de Córdoba y la existencia y utilización de una costosa torre de seguridad que se presentó como blindada, cuando no lo era, pone a la vista uno de los más abominables actos de corrupción en la memoria reciente de esa ciudad”.

Asimismo, destacó que la inseguridad es uno de los primeros compromisos de la agenda pública de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, y señaló la inadmisible falta de compromiso de autoridades y funcionarios, quienes, a su parecer, comprometieron la vida de las y los veracruzanos y la restitución de la paz en el estado.

El Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura consideró inaceptable “jugar con la exigencia ciudadana de seguridad pública, sin mencionar, el poner en riesgo la integridad de los elementos policiacos, que son nuestra primera línea de defensa contra la delincuencia”.

Finalmente, indicó que uno de los principales postulados en la actual administración es la cero tolerancia a los actos de corrupción, lo que obliga a poner especial atención en la utilización de recursos públicos, bajo la supuesta adquisición de bienes o servicios con una calidad que no corresponda a las especificaciones facturadas.

Con la adhesión de los grupos legislativos PRI-PVEM, Morena y Del Lado Correcto de la Historia, el Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.