Determinaciones de la SCJN han obstaculizado operaciones de la UIF: Pablo Gómez
Agencia de Noticias RTV (Cámara de Diputados), 12 de noviembre de 2024
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, cuestionó el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), administrada por la UIF; permite el desbloqueo a cuentas bancarias de personas investigadas y que sigan operando en el sistema financiero.
En ese sentido, subrayó la necesidad de realizar reformas a la legislación para revertir las jurisprudencias que ha señalado la Segunda Sala de la SCJN en contra del sistema de inteligencia financiera, desde 2018.
“Le han causado un daño grande porque ponen al arbitrio de los jueces de amparo la utilización de un sistema mundial que se llama Lista de Personas Bloqueadas, en la que se incorporan a aquellos individuos o empresas que realizan actividades que ponen en riesgo al sistema financiero, porque podría realizar lavado de dinero”, señaló.
En declaraciones a representantes de medios de comunicación, en el marco de la reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Gómez Álvarez sostuvo que con este tipo de determinaciones se obstaculizan las funciones de la UIF.
Destacó que con la reforma al Poder Judicial cambie la estructura y el sistema de justicia; ya no habrá Segunda Sala de la SCJN. “Todo va a cambiar y podrá el país tener confianza en un tribunal supremo; había mucho nepotismo”.
El funcionario federal dijo que están a la espera de que el próximo año el Congreso de la Unión avale las reformas que están pendientes y que permitirán a la UIF estar a la altura de los estándares internacionales en la materia.
“Estamos a la espera de una serie de reformas que quedaron pendientes de la Legislatura pasada, con el propósito de poner a la UIF en el nivel de la norma mundial que ha venido cambiando y se requiere que el Estado mexicanos de ponga al nivel de la pauta internacional”, indicó.
Con esto, dijo, se le darían mayores capacidades a la UIF para poder vigilar lo que se llama “actividades vulnerables”, que se dan en lugares donde es más fácil “lavar dinero” y la intervención de la autoridad debe ser más fuerte.