“El TLCAN es el logro de tres naciones fuertes y orgullosas (…). El libre comercio es el camino hacia el futuro”, proclamó el anfitrión del encuentro, el presidente republicano George H.W. Bush, flanqueado por su par mexicano Carlos Salinas de Gortari y por el primer ministro canadiense Brian Mulroney.

Bajo un día soleado, los “Tres Amigos” fueron testigos de honor el 7 de octubre de 1992 en San Antonio, Texas, de la rúbrica estampada en el documento por sus negociadores comerciales, Carla Hills, Jaime Serra Puche y Michael Wilson.

Fue la coronación de intensas negociaciones en Toronto, la Ciudad de México y Washington, con la visión compartida de crear un vecindario regional competitivo y una pista de despegue pareja para aprovechar las oportunidades de la globalización económica.

Como signo de los tiempos, el acuerdo reflejó las realidades políticas de cada país. Fuera de borrador del TLCAN quedaron las discusiones del sector energético de México, la movilidad de mano de obra hacia Estados Unidos y las industrias culturales de Canadá.

Aunque el internet, la economía digital y el comercio electrónico se encontraban en sus etapas embrionarias, el barrio de Norteamérica mostraba desde entonces un pujante intercambio económico y comercial trilateral, valuado en unos 265 mil millones de dólares.

La rúbrica tuvo lugar a menos de un mes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El 3 de noviembre de 1992, George Herbert Walker Bush perdería su reelección ante un joven y poco conocido gobernador demócrata de Arkansas llamado Bill Clinton.

En Canadá, Mulroney fue reemplazado por Kim Campbell como líder conservador en 1993 y ésta pocos meses después por el liberal Jean Chretien.

Aunque inicialmente escépticos, Clinton y Chretien tomaron la estafeta del TLCAN, y le cincelaron su huella progresista incorporando los dos acuerdos suplementarios en materia de medio ambiente y trabajo.

Ondeando una bandera centrista, Clinton confrontó al ala más izquierdista del Partido Demócrata, especialmente en estados como Ohio y Michigan, y logró armar una improbable alianza política con republicanos y demócratas moderados que le permitió aprobar el TLCAN.

Con 234 votos a favor y 200 en contra, la Cámara de Representantes aprobó el TLCAN en 17 de noviembre de 1993, con el apoyo de 132 republicanos y 102 demócratas. Tres días después fue aprobado en el Senado estadunidense con 61 votos a favor y 38 en contra.

“Creo que hemos encontrado nuestros cimientos (…). No hay vuelta para atrás del mundo de hoy y de mañana (…);  estamos listos para competir y podemos ganar”, sostuvo Clinton durante la ceremonia de firma del acuerdo el 8 de diciembre de 1993.

EL TLCAN entró en vigor el 1 de enero de 1994, eliminó de inmediato los obstáculos a las inversiones y los aranceles de más de la mitad de las exportaciones de México a Estados Unidos y estableció un calendario de desfasamiento del resto en un plazo de hasta 15 años.

Aunque su andamiaje fue trilateral, el TLCAN incluyó acuerdos bilaterales para el comercio agrícola, así como el Capítulo 19, que estableció mecanismos para la resolución de disputas, en especial aquellas relacionadas con casos de dumping y subsidios.

Para finales de 1994, el primer año de operación del acuerdo, el comercio trilateral se había catapultado a más de 340 mil millones de dólares.

Desde sus primeros años, el TLCAN no estuvo exento de problemas, incluida la decisión de Clinton de incumplir con las cláusulas de apertura del transporte terrestre transfronterizo que debieron entrar en vigor en 1995 y la interpretación de la carta paralela sobre el comercio de edulcorantes.

Pero fue en el marco del TLCAN que el propio Clinton aportó 20 mil millones de dólares para el paquete de 50 mil millones de dólares del rescate financiero de México en medio de la crisis del peso de 1994, una acción que le redituó a Estados Unidos 600 millones de dólares en ganancias.

A más de dos décadas de distancia, un nuevo estudio sobre el TLCAN del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) concluye que sus efectos económicos netos han sido positivos, aunque modestos.

Se han consolidado dinámicas cadenas de abasto, en especial en las manufacturas, y las ganancias del aumento de comercio e inversión han sido compensadas por costos de ajuste en algunos sectores.

Para 2016, el boom económico y comercial de la era del TLCAN resultó en un comercio trilateral de más de un billón (millones de millones) de dólares.

Sin embargo, el republicano Donald Trump colocó desde su campaña presidencial a los acuerdos de libre comercio en general, y al TLCAN y al TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico) en particular, como modelo de políticas supuestamente lesivas a los trabajadores estadunidenses.

Específicamente Trump sostuvo que el TLCAN era “el peor acuerdo jamás firmado” y se comprometió a renegociarlo o abandonarlo. Después de ganar las elecciones a Hillary Clinton, una de sus primeras acciones como presidente fue retirar a Estados Unidos del TPP.

El objetivo general de Estados Unidos para la renegociación del TLCAN es eliminar sus déficits comerciales con México y Canadá, que fueron de alrededor de 64 mil millones y 10 mil millones en 2016, respectivamente.

México y Canadá aceptaron la propuesta de modernizar el TLCAN e indicaron su preferencia por mantenerlo como un acuerdo trilateral. A diferencia de la situación en el debate de 1993, México se encuentra en la implementación de las reformas estructurales de su sector energético.

En marzo pasado se filtró el primer borrador estadunidense de la renegociación del TLC. Incluyó objetivos específicos como la eliminación del Capítulo 19 y la creación de un mecanismo para la revocación temporal de preferencias tarifarias ante aumentos de las importaciones.

Pero la notificación oficial de inicio de negociaciones, enviada al Congreso el 18 de mayo, excluyó objetivos específicos y se limitó a señalar que la administración Trump busca lograr resultados “oportunos y sustantivos” para consumidores, negocios, trabajadores y rancheros estadunidenses.

México saludó la acción de la administración Trump y la consideró como un «paso importante” en el proceso doméstico de Estados Unidos para modernizar el acuerdo, en vigor desde el 1 de enero de 1994.

“El acuerdo trilateral ha sido de inmenso beneficio para todas las partes. México espera un proceso de negociación constructivo, que permita aumentar la cooperación y la integración económicas y fomentar la competitividad regional”, sostuvo la cancillería mexicana.

Robert Lighthizer, el negociador estadunidense, precisó el 17 de julio que el objetivo central de Estados Unidos será reducir los desbalances comerciales entre los socios del TLCAN y buscar evitar cualquier manipulación del tipo de cambio.

Estados Unidos confirmó que buscará la eliminación del mecanismo para la resolución de disputas comerciales, y sustituirlo por un proceso más transparente, así como desaparecer barreras no arancelarias a las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos a Canadá y México.

Las áreas de interés para la administración Trump son derechos a la propiedad intelectual, prácticas regulatorias, empresas estatales, servicios, procedimientos aduanales, medidas fitosanitarias, trabajo, medio ambiente, así como pequeñas y medianas empresas.

México dejó en claro que asiste a la modernización del TLCAN con objetividad y optimismo.

“La mejor ventaja es que hay 22 años demostración de éxito para la región de América del Norte y la evidencia respalda que debe de seguir integrando de manera más competitiva a la región”, sostuvo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

No existe un plazo formal para la duración de las negociaciones, pero la administración Trump ha señalado reiteradamente que está atenta al calendario electoral de México, que celebra elecciones presidenciales el 3 de junio de 2018.

La primera de media docena de rondas de negociación inicia del 16 al 20 de agosto en Washington.

Si el proceso de modernización del TLCAN termina antes del 1 de julio de 2018, puede ser presentado al Congreso bajo la Autoridad de Promoción Comercial (TPA) o “Vía Rápida”, acompañada de la legislación de implementación.

En caso que incluya elementos de ingresos, como por ejemplos cambios arancelarios, el proceso debe iniciar en la Cámara de Representantes y pasar con posterioridad al Senado.

Cada cámara dispone de 45 días para desahogar la propuesta o será turnada al pleno para su votación sin la posibilidad de enmiendas y se requiere de una mayoría simple para su aprobación.