Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales emite opinión favorable a la iniciativa en materia eléctrica

Agencia de Noticias RTV (Cámara de Diputados), 4 de abril de 2022

• La remitió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, para los efectos reglamentarios

Ciudad de México.- La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que preside la diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), aprobó por 17 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, la opinión favorable a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política, en materia eléctrica.

El documento de opinión se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a la de Energía, para efectos del artículo 69 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En la opinión se incluyó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, enviada el 30 de septiembre de 2021 por el Ejecutivo Federal, así como la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4° constitucional, en materia del derecho al suministro de energía eléctrica, de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI).

Refiere que en el dictamen se tomen en cuenta estas consideraciones para robustecer su fundamentación en materia de medio ambiente y uso sostenible de recursos naturales. Se estimó pertinente que también se incorpore la propuesta de adición de un artículo transitorio, con la finalidad de dar certeza a la ejecución de la transición energética a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), especialmente en lo relativo al fomento de diversas fuentes de energía eléctrica y sus posibles repercusiones en el medio ambiente.

Durante la reunión extraordinaria, la diputada Castrejón Trujillo señaló que se trata de la opinión a una reforma constitucional sobre la que probablemente “será complicado alcanzar los consensos y, ante la polarización de posturas de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, tenemos el legítimo derecho de defender con argumentos, respeto y atendiendo el mandato democrático que los ciudadanos depositaron en nosotros”. 

Se cumple, dijo, con la obligación reglamentaria de emitir una opinión responsable respecto de las implicaciones ambientales de esas iniciativas, lo que reitera el compromiso de la Comisión de velar por el respeto a un medio ambiente sano, a través de una transición energética que garantice el uso sustentable de fuentes de energía, enfatizó.

Dijo que se analizó el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la observancia del derecho humano a un medio ambiente sano; la transición energética con rango constitucional, necesaria para enfrentar la crisis climática global y se atendieron comentarios de expertos participantes en el parlamento abierto. 

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) anunció su voto en contra por considerar que la iniciativa presenta un modelo agotado de generación de energía, desestima la transición hacia una matriz energética de fuentes limpias y renovables, fomenta la utilización de combustibles fósiles y evita la descarbonización de la economía. “México se convertiría en un obstáculo para la lucha global del cambio climático. Ello traerá como consecuencia el deterioro del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y limpio”, dijo. 

Del PRD, la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, señaló que la iniciativa sobre la cual se emite la opinión no fomenta energías limpias y renovables, impacta en la salud de la población por la emisión de contaminantes, impide el cumplimento de los compromisos del T-MEC y el Acuerdo de París, además de que omite una política energética transparente, justa, eficiente y limpia que optimice beneficios sociales, económicos, ambientales y climáticos. 

La diputada Esther Martínez Romano (PT) dijo que votaría a favor porque la iniciativa busca eliminar privilegios de empresas generadoras de energía y fortalece el sistema eléctrico nacional al proponer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo planifique, controle y conduzca, prohíbe concesiones de litio y minerales estratégicos, otorga el carácter social que debe tener el suministro eléctrico y garantiza la soberanía y la transición energética. 

Del PRI, el diputado Mariano González Aguirre (PRI) indicó que votaría en contra de la opinión porque el respectivo documento incluye una iniciativa de su grupo, lo cual se presta a la confusión. “Si utilizan su mayoría para pasar la iniciativa del Ejecutivo, adelante, pero que quede constancia de que el PRI está en contra del atropello y de no generar acuerdos”, puntualizó.

El diputado Héctor Israel Castillo Olivares (PAN) subrayó que es necesario modernizar y cambiar el sistema eléctrico, “pero no con la postura y el planteamiento que hace actualmente el Ejecutivo”. Consideró que la transición debió empezar desde que inició el Ejecutivo Federal cambiando cuestiones en la CFE y luego en la Constitución.

Del PT, la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero sostuvo que es un momento histórico para defender el patrimonio de los mexicanos. La reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna no es menor, “es una recuperación de soberanía, necesitamos que los recursos se queden en México y no en naciones extranjeras; el país necesita entrar en las oportunidades de producción de energías”. Se pronunció por garantizar que el litio sea aprovechado por la nación.

Joaquín Zebadúa Alva, diputado de Morena, apuntó que esta reforma establece las bases hacia una transición real en la generación de energías limpias en el futuro inmediato, con la posibilidad de tener una planeación estratégica sobre el uso del litio y fortalecer todo el esquema en un marco distinto, además de cumplir, en un periodo no muy largo, los compromisos internacionales de México, lo que no se ha logrado por lo viciado del mercado, que requiere recomponerse.

Del PAN, el diputado Enrique Godínez del Río consideró que el Ejecutivo planteó solamente una forma y una visión, y ésta es la única que se impone, cuando tuvimos tantos foros y debates que dan herramientas necesarias para tomar decisiones que pudieron haber acercado a una modificación a fin de enriquecer esta reforma. Finalmente, ni una coma, ni párrafo fue modificado ni consensado con los demás grupos parlamentarios. “Debimos haber tenido más altura en cuestión de la información que tuvimos en los foros”.

La diputada de Morena, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, refirió que, con esta iniciativa, tanto el sector privado como la CFE maximizarán el valor de su oferta y utilidades en el despacho de las compañías privadas que entren a las subastas, además de las propias empresas de la Comisión. El sistema eléctrico nacional no puede estar sujeto a vaivenes en los precios y la única forma de lograrlo es que el Estado garantice tarifas estables al manejar el 54 por ciento del mercado.

Por el PVEM, la diputada Santy Montemayor Castillo subrayó que es un avance importante reconocer la transición energética y elevarla a rango constitucional, porque obliga a establecer una política de Estado con objetivos claros y el financiamiento necesario para concretarla al ser la oportunidad de que nuestro país planee, reorganice y fortalezca el sistema eléctrico, además de atender de otra manera la crisis climática global. Es recuperar la rectoría del Estado en este sector y encontrar fórmulas más viables, eficientes y limpias hacia una producción sustentable y sostenible.  

La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN) manifestó su voto en contra porque, dijo, la iniciativa cancela los certificados de fuentes limpias, además de que limita la producción de energías baratas, verdes, sustentables y renovables. Se debe apostar por ellas, a fin de avanzar en el cuidado de medio ambiente. “Estamos en una situación dramática que tenemos que tomar con toda la seriedad”. 

A favor, el diputado Héctor Armando Cabada Alvidrez (Morena) afirmó que la propuesta del Ejecutivo plantea elevar la transición energética a nivel constitucional; se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030. Establece que el litio y otros minerales estratégicos serán exclusivos del gobierno y sostiene el compromiso de realizar acciones para revertir los impactos del cambio climático. 

La diputada Itzel Aleli Domínguez Zopiyactle (PVEM) dijo estar a favor de la opinión porque la iniciativa del Ejecutivo rescata y recupera al sector energético, propone regresarle a la CFE su capacidad de planear el sector eléctrico nacional, preserva al Estado el abastecimiento continuo de la energía eléctrica y genera condiciones de bienestar y desarrollo a todas las comunidades. 

La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) señaló que la reforma propuesta regulará al sector eléctrico evitando la concentración económica, sin generar un monopolio, y establece la transición energética soberana con aprovechamiento sustentable de los recursos e inversiones. 

El diputado Alfredo Porras Domínguez (Morena) indicó que la reforma de 2013 entregó la generación de energía a la iniciativa privada y buscaba “chatarrizar” a la CFE. Expresó que debe haber planeación real de crecimiento de la energía eléctrica y su producción. 

El diputado del PAN, Gustavo Macías Zambrano, señaló que la propuesta no garantiza el libre mercado y competencia, a pesar de referir los porcentajes de participación, pero sin marcar una incursión mínima; tampoco asegura el uso de energías limpias y desaparece a los organismos que dan certeza a la participación. Se deja a la CFE que tenga el control sin árbitros, se violan tratados internacionales y cancela la certificación de energía limpia.

La diputada de Morena, Irma Juan Carlos, expresó que con esta reforma “podemos devolverle la confianza y esperanza el pueblo de México a través de que el Estado tenga la rectoría del sector energético y del litio. Con la transición energética se podrá hacer uso de los recursos de manera sustentable” y evitar el despojo de tierras para instalar megaproyectos con el argumento de buscar energía limpia alterando el ecosistema.

María Guadalupe Román Ávila (Morena) sostuvo que la reforma energética responde y cumple con una de las mayores expectativas: revertir la entrega del sector eléctrico nacional a los intereses privados nacionales y extranjeros que indebidamente la obtuvieron; cumple los tratados internacionales firmados y contribuye a las acciones en contra del cambio climático al procurar el sostenimiento del medio ambiente con una visión de justicia social y derechos humanos.

De la misma bancada, la diputada Beatriz Rojas Martínez consideró que la transición energética tiene consideraciones ambientales, garantiza el suministro eléctrico con fuentes limpias, impulsa la ciencia, protege el litio, creará empleos y permitirá la participación privada, además de que asegura la soberanía nacional, precios accesibles y fortalece las finanzas públicas. “Es impostergable la reconfiguración de la matriz energética para incorporar energías limpias; eleva a rango constitucional la transición y coloca al Estado como rector”.

Por el PRI, el diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa dijo que la propuesta no garantiza la transición energética porque no impulsa energías limpias ni reduce los gases de efecto invernadero, cancela los derechos adquiridos por empresas privadas, viola tratados mundiales; pone en riesgo el libre mercado, debilita el Estado de derecho, cancela la soberanía de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía y promueve la opacidad en nuevos contratos.