Comisión analiza con expertos la iniciativa para crear la Ley General Trans, en materias de vivienda, salud y justicia

Agencia de Noticias RTV (Cámara de Diputados), 19 de abril de 2024

En el segundo bloque de las mesas de trabajo para la discusión en torno a la creación de la Ley General Trans, en los temas de desarrollo agrario, territorial y urbano, salud y justicia, la presidenta de la Comisión de Diversidad, diputada Salma Luévano Luna (Morena), destacó la necesidad de que exista este marco normativo, porque se tiene una deuda histórica con la comunidad trans y es un tema de dignidad humana.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada señaló que México es el segundo país con más crímenes de odio contra las mujeres trans, después de Brasil. Además, dijo, las estadísticas de vida son de 70 a 75 años para el grueso de la población, pero “nosotras no llegamos ni siquiera a los 35 años”.

Resaltó que el no tener políticas públicas hacia la infancia trans, ésta sufre bullying en sus entornos, lo que lleva en ocasiones al suicidio, y en la adolescencia son presa fácil del crimen organizado. Ante ello, apuntó, existe la necesidad de trabajar en la Ley General Trans.    

Mesa: Desarrollo agrario, territorial y urbano

La coordinadora General de Recursos Humanos del Infonavit, Ivonne Rosales Ortiz, reconoció que la comunidad trans ha enfrentado históricamente muchas inequidades y uno de ellos es el derecho a la vivienda. Aseguró que se requiere la adopción de medidas de nivelación e inclusión, acciones afirmativas y políticas públicas encaminadas a corregir y prevenir que estas personas sean tratadas de manera menos favorable, así como garantizar la igualdad y el respeto en materia de vivienda.  

Oscar Tlacaelel Muñoz Bravo, exdirector de Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, estimó apropiado que en la Ley General Trans se reitere el derecho a la vivienda como un bien humano relevante plasmado en la Constitución. Subrayó que los tres órdenes de gobierno, los poderes y la sociedad, deben trabajar e instrumentar legislaciones como esta ley.   

Alejandra Morales, de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que se tiene la oportunidad de ampliar los derechos y que éstos queden precisos en la ley. Consideró que dicha norma se puede enriquecer al incluir las definiciones de términos como cisgénero, integralidad, interseccionalidad, sustancias modelantes y transfeminicidio.  

Matilde Lara Corona, especialista en Desarrollo Urbano e investigadora parlamentaria, destacó que en México el tema de vivienda es muy complejo porque millones de personas no tienen acceso a ella, y especialmente las personas vulnerables como las mujeres y personas de la comunidad trans. Se pronunció porque existan políticas públicas que sean inclusivas y equitativas en el financiamiento de vivienda para este sector.

Karen Iveth Olivares del Monte, del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, señaló que la Ley General Trans tiene por objeto posibilitar de manera específica a las personas trans el pleno goce de sus derechos, en particular a la no discriminación y el derecho a la vivienda. Precisó que solventar la atención de las propuestas de esta ley podría generar un impacto presupuestario cuyo costo dependerá de las características y de la implementación.

Mesa: Salud

Gabriela Vargas Flores, investigadora del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG) de la Cámara de Diputados, consideró que la propuesta enfrenta dos obstáculos, uno político porque el Congreso no tendría facultad para emitirla y legislar en la materia y podría ser imputable por algún grupo conservador, y otro es la dificultad presupuestaria, pues sin recursos las políticas públicas solo son buenas intenciones.

Stalin Muñoz, investigador Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, dijo que podría haber un riesgo de inconstitucionalidad porque el Congreso no tiene facultad para emitirla; detalló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que las leyes generales no se pueden emitir de mutuo propio, sino que deben derivar de estipulaciones constitucionales expresas.

Yezmín Aurora Lehmann Mendoza, directora de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, afirmó que las y los diputados tienen el apoyo del instituto para garantizar el acceso a la seguridad y recalcó el compromiso de trabajar juntos para fortalecer la ley que es bastante humana y respeta los derechos humanos. Informó que instrumentaron acciones para garantizar, otorgar y reconocer las pensiones a los concubinos del mismo sexo.

Juan Carlos Mendoza Pérez, de la Facultad de Medicina de la UNAM, consideró que esta ley general es un buen ejercicio porque está construida desde el pensamiento, necesidades y consultas realizadas a las personas trans. Recomendó modificar las guías clínicas, los listados de institucionales de insumos para la salud, porque el personal médico está atado de manos, ya que los medicamentos no están diseñados para la reafirmación de género.

Oyuky Martínez, de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT), estimó que los servicios de salud pública deben reconocer la identidad de género de las personas, ya que este es el primer paso para romper los procesos que han generado la falta de atención, el estigma, la exclusión y la discriminación en el acceso al derecho a la salud.

Daniela Muñoz Jiménez, médica cirujana y fundadora de las clínicas C.E.O. Transsalud, subrayó la importancia de crear las normas oficiales mexicanas y el Instituto Nacional de Salud Trans. Planteó que las universidades deben impartir la materia de salud trans. “Necesitamos un día que nos haga justicia y celebre nuestra salud, porque también somos salud”.

Mesa: Justicia

Leticia Catalina Soto Acosta, titular de la Fiscalía especializada en delitos de violencia contra las mujeres, grupos en situación de vulnerabilidad y trata de personas, señaló que el derecho a ser nombrada y tratada de acuerdo con la identidad de género autopercibida es fundamental y ambos se desprenden del derecho humano a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, el cual debe estar en la Constitución.

Daniel Antonio García Huerta, subdirector general para la Promoción y Garantía de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que esta iniciativa comienza por codificar una lucha por el reconocimiento de los derechos que en gran medida han sido conquistados a partir de la movilización social. “Gran parte de los derechos de la diversidad sexual en el país han sido conquistado a partir de la vía de los tribunales, litigio y un poco en ese sentido va el marco del análisis en esta iniciativa”.  

Luis Alfredo García Martínez, subdirector de género y justicia en la SCJN, comentó que es importante que también se enfoque en los derechos de aquellas personas que están llevando una condena por algún delito o están privadas de la libertad. “Es necesario tomar en cuenta este tema sobre todo respecto del inicio o continuación de procesos de transición”.  

Alejandro Félix González Pérez, de la SCJN, indicó que la esencia de esta iniciativa es establecer los principios y mecanismos que posibiliten a las personas trans el pleno goce y garantía de sus derechos.   

Edith Guadalupe Esquivel Adame, también de la SCJN, mencionó que la iniciativa recoge las consideraciones en las que ha abundado la Corte, que reconoce el derecho de las infancias trans para poder obtener los documentos necesarios y poder ejercer su derecho a la identidad, armonización, pero también hay otro aspecto que no se ha abordado que es el tema de los supresores hormonales.

De la SCJN, Héctor Hidalgo Victoria dijo que la intención de esta legislación es garantizar a las personas trans la seguridad jurídica y la protección ciudadana, los cuales son dos principios muy importantes porque pretenden garantizar un bien jurídico todavía mayor que es el derecho a la vida, por lo que se debe hacer todo lo posible para garantizarlo. Consideró importante consultar a la comunidad trans sobre la adopción de medidas para lograr eficacia.

Juan Jaime González Varas, magistrado de circuito y especialista de Derecho Constitucional, destacó la importancia de que la ley contemple un capítulo de derecho al acceso a la justicia; el problema, indicó, es que se generan cargas a órdenes de gobiernos locales que podrían cuestionar la constitucionalidad de esta norma.