Centro de Asesoría y Promoción Electoral realizó observaciones al INE previo a la elección del 6 de junio
Leticia Silva, 18 de marzo de 2021
Xalapa, Ver.- Fortalecer la fiscalización para prevenir la penetración de dinero ilícito en las campañas y partidos, considerar los factores de violencia delictiva y crimen organizado en las estrategias de organización y administración electoral, y tener una estrategia de prevención de la violencia electoral, destacaron en el primer informe de hallazgos y consideraciones del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), al Instituto Nacional Electoral (INE).
Previo a las elecciones del próximo 6 de junio en nuestro país; integrantes de la misión que coordina el CAPEL, plantearon al INE observaciones sobre las condiciones previas a la elección, mismas que fueron detectadas en una revisión inicial, realizada del 1 al 15 de febrero pasado.
Eduardo Núñez, director del Instituto Nacional Demócrata de Guatemala, y vocero del organismo, presentó en conferencia de prensa virtual la sinopsis de estas consideraciones.
En la valoración previa al inicio de las campañas electorales, dijo que “el proceso en México esta polarizado, y esto se refleja en las narrativas políticas publicadas en los diversos medios de comunicación y las redes sociales, por lo que se propuso reforzar el monitoreo de estrategias de desinformación para erradicarlas y fomentar pactos éticos digitales en los que los partidos se comprometan al uso responsable de la información.
En la conferencia de prensa sobre la misión de acompañamiento internacional del proceso electoral federal y locales concurrentes México 2021, se dijo que ante la creciente expansión del crimen organizado en la mayoría de los estados, es preciso fortalecer la fiscalización para evitar la inclusión de dinero ilícito en candidatos, campañas, publicidad y partidos políticos.
Los observadores internacionales abordaron como temáticas generales la gestión de la pandemia, la polarización política, las complejas relaciones interinstitucionales entre poderes públicos y órganos autónomos, los riesgos de la violencia y las campañas de desinformación.
