Presidente propone reformas para evitar subsidio del erario a asociaciones

Agencia de Noticias RTV, 14 de agosto de 2024

El jefe del Ejecutivo anunció que la Procuraduría Fiscal de la Federación, encabezada por Grisel Galeano García, junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), revisarán la legalidad de los donativos recibidos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y si estos se ajustan a las normas actuales.

Planteó que el Gobierno de la Cuarta Transformación todavía puede presentar iniciativas de ley enfocadas al financiamiento público indirecto a asociaciones civiles sin fines de lucro.

“Todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos porque cuando se deducen impuestos por donativos son ingresos, que no llegan a la Hacienda Pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país en beneficio de todos los mexicanos sino que cuando se regresan estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos se está dando un uso indebido al presupuesto y eso lo tenemos que revisar”, afirmó.

Dentro del territorio nacional, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 299 millones 29 mil 62 pesos a través de 2 mil 230 operaciones de personas morales mexicanas, entre fundaciones y grandes empresas. En cuanto a personas físicas, obtuvo 39 millones 218 mil 293 pesos, informó el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez.

Los donativos, de acuerdo con la ley mexicana vigente, son objeto de deducción dentro de los efectos fiscales en declaraciones de empresas e individuos. Esta medida no es un subsidio del gobierno en turno sino del Estado mexicano, sin embargo, estas organizaciones no informan a la sociedad ni al gobierno sobre sus ingresos y gastos a pesar de que reciben recursos de la sociedad, explicó.

Las asociaciones sin fines de lucro “reciben donativos que son deducibles de impuestos, o sea, son recursos públicos y de esa forma obtienen un virtual subsidio público”.

El funcionario sostuvo que las leyes vigentes no establecen obligaciones relacionadas con la transparencia en estas asociaciones no gubernamentales, por lo que planteó la necesidad de analizar este asunto que afecta a la Hacienda Pública.

Aclaró que el Gobierno de México no está en contra del derecho a participar en la vida política del país sino de los mecanismos opacos de financiamiento dentro de organizaciones civiles que sirven para propósitos diferentes a los establecidos en sus propios estatutos.

“Es un asunto de orden público. Desde el momento en que el Estado mexicano financia de manera indirecta a esas ONGs que facturan sobre la base de que el donador puede deducir de sus impuestos el dinero que donó, desde ese momento, son entidades de interés público aunque la Constitución no los haya declarado, pero sí la ley de hecho está haciendo una declaración de que estas ONGs son entidades de interés público porque reciben ventaja, reciben canonjía, reciben un estatus especial de parte del Estado nacional mexicano y así hay que tratar las cosas”, apuntó.