Avanza demanda civil presentada por Gobierno de México contra vendedoras de armas en Tucson, Arizona

Agencia de Noticias RTV (SRE), 20 de enero de 2024

Ciudad de México.- En el marco de la demanda presentada por México contra vendedoras de armas de fuego en Estados Unidos, cuyas prácticas comerciales facilitan el tráfico de esos productos a nuestro país, la Corte de Distrito para el Distrito de Arizona señaló el 22 de febrero de 2024 como fecha de audiencia para presentar alegatos orales.

Como se informó, la jueza Cindy Jorgenson se excusó de conocer el caso y canceló la audiencia originalmente programada para el 28 de agosto de 2023. Posteriormente, el asunto fue reasignado a la jueza Rosemary Márquez, quien fue designada en el cargo en 2014 por el entonces presidente de ese país, Barack Obama.

Adicionalmente, conforme a la práctica de litigio en Estados Unidos, la Corte solicitó a las partes diversa información que deberán aportar con antelación a la audiencia, incluyendo una propuesta de calendario procesal y de la forma en las partes deberán exhibir y revelar su material probatorio (discovery). Este requerimiento refleja un profundo interés de la jueza Márquez en realizar un análisis exhaustivo del asunto, lo cual confirma la seriedad y transcendencia del caso.

La demanda fue presentada en agosto de 2022 contra:  1. Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); 2. SNG Tactical, LLC (Tucson); 3. Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); 4. Ammo A-Z, LLC (Phoenix); 5. Sprague’s Sports, INC. (Yuma). Según datos de trazabilidad, estas tiendas suministran habitualmente armas de alto poder a organizaciones criminales en México. La trazabilidad se refiere al rastreo que hacen las autoridades para conocer el origen del arma una vez que ha sido asegurada.

Esta es la segunda demanda de México en contra de actores de la cadena de comercio de armas. La primera se presentó en Boston en 2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras estadounidenses, y se encuentra en etapa de apelación. Mientras la demanda en Boston cuestiona una responsabilidad más amplia de las empresas que fabrican y distribuyen armas de fuego que facilitan su tráfico ilícito a nuestro país, esta segunda demanda atiende un ángulo específico del fenómeno: la negligencia de puntos directos de venta de armas.