Proponen endurecer sanciones penales para quienes agredan a mujeres con sustancias corrosivas

Agencia de Noticias RTV (Cámara de Diputados), 31 de julio de 2022

La diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, informó de la presentación de una iniciativa, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para ampliar las sanciones establecidas en el Código Penal Federal contra los responsables de atacar con ácidos o sustancias corrosivas a mujeres. 

En un comunicado, indicó que ese ordenamiento legal, en su artículo 294, contempla una sanción de cinco a ocho años de prisión a quien por sí o por conducto de otra persona cause lesiones a cualquier persona, mediante el uso de ácidos o sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables o cualquier otras que por sí mismas o mezcladas con otros agentes genere daños internos, externos o ambos.

Sin embargo, sostuvo que es necesario definir la agravante de un tercio de esta pena cuando las lesiones involucren la cara, el cuello, el brazo, la mano, o afecte la funcionalidad de los órganos sexuales; y el doble cuando ocurra contra una mujer.

“Se trata de una agresión con mucho dolo para la integridad psicológica, emocional, que puede amenazar la vida de una mujer y por eso creo que tenemos que tomar cartas en el asunto, llamar a todos los estados a que esta tipificación corresponda a que sancionemos de manera más severa estos daños”, declaró.

Alavez Ruiz comentó que la violencia contra las mujeres fue ignorada y solapada por gobiernos neoliberales desde la época de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, cuyas cifras en la materia son alarmantes.

“La receta de los moralmente derrotados son mayores recursos y más burocracia, es decir, no son capaces de responder a la población con el poder que la ciudadanía les ha conferido, son traidores a los principios democráticos”, manifestó.

Recordó que el feminicidio es un delito del fuero común, cuya falta de atención se concentra en las entidades federativas, donde declaraciones de servidores públicos medianos sólo provocan la revictimización de las mujeres asesinadas y de sus familias.

“En el caso de Luz Raquel son inadmisibles las declaraciones de la Fiscalía de Jalisco que se contradice una y otra vez, cuya ineptitud fue exhibida nuevamente al dar a conocer su hipótesis de que fue una autoagresión y, horas más tarde la misma Fiscalía vinculó a proceso al vecino de Luz Raquel por delitos contra la dignidad de las personas y lesiones contra Luz Raquel”, señaló.

Sostuvo que las entidades federativas tienen a su alcance mecanismos federales que abonan a la erradicación de este flagelo, políticas públicas que atacan las causas, como la pobreza y la marginación, “pero muchas autoridades de estas entidades, que tienen niveles graves de feminicidio, se dan el lujo de desdeñar las reuniones de seguridad públicas, y sólo hasta que el agua les llega al cuello se acercan a los mecanismos de coordinación con el Gobierno de la República”.

Finalmente, hizo un llamado al gobernador de Jalisco a trabajar en esta materia, porque “no se vale que nos venga a decir que estos delitos no se evitan”.