Pedirá México este miércoles a Guatemala extradición de Javier Duarte

Fermín Ramírez, 6 de junio de 2017

México.- El gobierno de México solicitará este miércoles 7 de junio de manera formal al de Guatemala la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, detenido en ese país desde el pasado 15 de abril, confirmó esta mañana el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Díaz Beltrán.

El funcionario federal agregó, en conversación con Óscar Mario Beteta, que se cumplirá en tiempo y forma la presentación de la solicitud de extradición, conforme al tratado bilateral vigente en la materia, y detalló que se presentarán las órdenes de aprehensión del orden federal como las aportadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

El tratado de extradición vigente entre México y Guatemala establece el compromiso de ambas partes a entregarse mutuamente a toda persona que encontrándose en el territorio de alguno de los dos estados, sea reclamado por cualquiera de ellos “en razón de que sus autoridades judiciales competentes hubieren dictado en su contra una orden de aprehensión o bien en el cumplimiento de una sentencia de pena privativa de la libertad, como consecuencia de un delito cometido dentro del territorio de la parte requiriente”.

El Tratado señala que los delitos que darán lugar a la extradición son conductas dolosas o culposas, punibles conforme a las leyes de ambas partes con pena privativa de libertad; de defraudación fiscal y conductas equiparables a ésta; “en los casos de tentativa de cometer un delito, asociación de delincuentes para prepararlo y ejecutarlo o la participación en su ejecución”.

Dicho documento puntualiza que la extradición debe solicitarse por escrito y presentarse por la vía diplomática, con la descripción del delito por el cual se solicita la extradición y acompañada de diversas evidencias.

Para el caso de personas que no han sido sentenciadas, como es el caso de Javier Duarte de Ochoa, el Tratado establece que se debe presentar copia certificada de la orden de aprehensión decretada por la autoridad judicial competente, así como las pruebas que conforme a las leyes de la parte requerida justifiquen la detención y enjuiciamiento del reclamado.